Después del primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), México sigue enfrentando problemas vinculados con el narcotráfico, reflejado en los altos niveles de violencia y el aumento de actividades ilícitas como el secuestro y la extorsión. Una docena de cárteles del narcotráfico luchan por controlar el territorio y las rutas de trasiego de las drogas en el país, lo que genera luchas violentas. Después de tomar posesión como presidente de la República, Felipe Calderón (20062012) lanzó la guerra contra el narcotráfico, y durante su sexenio, aproximadamente 70,000 personas fueron ejecutadas de forma violenta; el número de cárteles del narcotráfico se expandió, y el tráfico de drogas continuó. En este artículo se argumenta que la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón, y en el sexenio de Peña Nieto, ha sido y es una guerra perdida, considerando los resultados. Durante la administración de Enrique Peña Nieto que continuó la militarización en el país, las autoridades bombardearon mediáticamente con detenciones de personas consideradas clave dentro de alguna organización delictiva.
Diariamente se anunciaba la detención de “capos” que eran “LÍDERES” de cárteles, “EL NÚMERO 2 DE LOS ZETAS”, “EL RECLUTADOR DE SICARIOS”, “el coordinador del lavado de activos” o “LA PUBLIRRELACIONISTA DEL CÁRTEL DE SINALOA”. Durante 12 años el discurso oficial fue similar.
Otro caso es el de Socorro Chávez Arévalo, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien era parte del cártel de Juárez. Según el Ejército mexicano también fue detenido en la vía pública, sin embargo, él y sus familiares declararon que fue detenido al interior de su domicilio cuando estaba en la cocina con su esposa y su hija.
En otros casos se comprobó mediante dictámenes de grafología que las firmas de los detenidos en sus declaraciones ministeriales fueron obtenidas por presión y coacción física, tal fue el caso de Rogaciano Álvarez, del cártel de Sinaloa.
En otros expedientes, los defensores de los acusados denunciaron que sus clientes no fueron puestos a disposición del ministerio público en los tiempos establecidos en la ley, mientras que algunos acusados denunciaron golpes y actos de tortura.
Estos fueron los motivos por los cuales los jueces solo dieron sentencias por delitos menores al 6.5 por ciento de los supuestos líderes de los cárteles de la droga que fueron detenidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
Cuando aquel 12 de septiembre de 2012 el entonces jefe antidrogas Ramón Pequeño García presentó a Ramiro Pozos González ante los medios también explicó que la escisión que hubo en el 2011 en el cártel del Milenio ocasionó el surgimiento de dos organizaciones delictivas: una era La Resistencia, encabezada por Pozos González, y la otra fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder máximo es Nemesio Oseguera.
Tras la detención del líder de la Resistencia, el grupo delictivo continuó operando como una célula en contadas regiones del país, mientras que el CJNG se expandió y se consolidó como el más poderoso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En seis años (2012-2018), este grupo criminal fue el que mayor crecimiento tuvo debido a la corrupción y al uso de la violencia, denunció el departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2015, cuando incluyó a "El Mencho" en su lista negra de narcotraficantes designados.
Después de la captura de El “Chapo” Guzmán en el gobierno de Peña Nieto, "El Mencho" se convirtió junto con Ismael “El Mayo” Zambada (Cártel de Sinaloa) en uno de los dos narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas, según informó la entonces PGR en respuesta a una solicitud de información. Ninguno ha sido capturado y será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien tenga la tarea de detenerlos.
"Descontento Social por la Corrupción"
El caso que marcó la administración de Peña Nieto, fue el llamado "Casa Blanca", cuando en noviembre de 2014 una investigación periodística reveló que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado había comprado una casa de USD 7 millones en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana.
La casa fue comprada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto desde hacía muchos años.
Rivera Hurtado explicó en un video que la casa había sido comprada con sus ganancias como actriz de Televisa y afirmó que al no ser formalmente servidora pública (no está en la nómina del gobierno) no tenía la obligación de hacer públicos sus bienes, como la mayoría de los burócratas de alto nivel.
La compra terminó por cancelarse y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese "error".
"En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé", dijo el 18 de julio, justo durante el acto de promulgación de las leyes que darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
Apenas un mes después, el diario estadounidense The Wall Street Journal descubrió en el registro de la propiedad que el entonces Ministro de Finanzas y ahora Canciller, Luis Videgaray Caso, también había comprado una casa a Hinojosa Cantú.
La casa de 850m2 se ubica en el exclusivo Club de Golf de Malinalco, en el Estado de México, y actualmente tendría un valor superior a los USD 500.000. Videgaray justificó que la compra se había realizado en octubre de 2012, semanas antes de que el presidente Peña Nieto tomara protesta –el 1 de diciembre de 2012- por lo que entonces no ejercía ningún cargo público.
Explicó que la compra la había realizado a través de un crédito hipotecario a 18 años, pero lo liquidó unos meses después. Una nueva investigación del WSJ reveló que Hinojosa Cantú no había obtenido ninguna ganancia por la venta de la casa. La vendió al mismo precio que la había comprado.
La Oficina de la Función Pública, que investiga las conductas ilícitas de los funcionarios, abrió investigaciones por el tema Casa Blanca y por el de la casa de descanso del Canciller, pero determinó que no existió ninguna irregularidad
En agosto de 2016, el equipo del sitio mexicano Aristeguinoticias.com reveló que el presidente Enrique Peña Nieto había plagiado al menos un tercio de la tesis para obtener el grado universitario.
De los 682 párrafos que contiene la tesis, de 200 páginas, titulada "Presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón", el 28,9%, es decir, 197 párrafos, fueron plagiados, según la información.
En un comunicado el portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, trató de minimizar la acusación y calificó las omisiones en las citas de "errores de estilo". Añadió también que Peña Nieto cumplió con todos los requisitos necesarios para licenciarse como abogado en la Universidad Panamericana.
La revelación causó un gran revuelo, incluso se abrieron peticiones en plataformas electrónicas para que se le quitará al presidente su título como abogado. Después de una investigación su alma máter admitió que existían citas textuales y atribuciones que no se habían hecho de manera correcta.
"Estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido", justificó la casa de estudios.
Los gobernadores han sido una de las patas cojas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos han contribuido de manera importante a los escándalos de corrupción que han perseguido a toda la administración que ya entra en su última etapa.
Con ocho gobernadores detenidos, dos prófugos y un quebranto al erario que hasta ahora no se puede calcular, los mandatarios estatales no ayudaron a la imagen presidencial.
En su momento, Peña Nieto se refirió al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, como "la nueva cara" del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) está ahora preso y acusado de uno de los quebrantos a los estados más grandes en la historia a través de un sofisticado esquema de empresas fantasma.
Otro de los hombres del presidente, Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, está preso en Panamá esperando ser extraditado a México donde lo esperan cargos por daño patrimonial y blanqueo de dinero.
La confianza en los gobernadores era fundamental para mantener la gobernabilidad en el país.
Una investigación hecha pública el lunes reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares, de estas 128 compañías son fantasma y el fraude llegaría a los USD192 millones.
En el desvío habrían participado once dependencias entre las que se puede mencionar a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), también implicada en el caso Odebrecht, el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de los programas de ayuda a los pobres, el Ministerio de Agricultura, el de Educación, entre otros. Ocho universidades públicas habrían cumplido con el papel de intermediarias, lo que les dejó una comisión.
La investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el sitio animalpolitico.com, menciona los nombres del gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; del ministro de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza; al de Economía, Ildefonso Guajardo, quien negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
"Los desaparecidos de Ayotzinapa"
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.
Referencias:
(S/f). Contralacorrupcion.mx. Recuperado el 10 de junio de 2023, de https://contralacorrupcion.mx/otro-fracaso-guerra-contra-narcotrafico/
Fregoso, J. (2017, septiembre 6). Los 5 escándalos de corrupción que distanciaron a Enrique Peña Nieto de los mexicanos. infobae. https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/america/mexico/2017/09/06/los-5-escandalos-de-corrupcion-que-distanciaron-a-enrique-pena-nieto-de-los-mexicanos/%3foutputType=amp-type
Ayotzinapa. (2017, octubre 4). Centro Prodh; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez AC. https://centroprodh.org.mx/casos-3/ayotzinapa/
Vista de 2012-2016. Enrique Peña Nieto y los años de la inconformidad social: Un análisis desde los eventos de protesta. (s/f). Comecso.com. Recuperado el 10 de junio de 2023, de https://www.comecso.com/ciencias-sociales-agenda-nacional/cs/article/view/357/167
No title. (s/f). Goo.Gl. Recuperado el 1 de junio de 2023, de https://images.app.goo.gl/Py4DBzj9CS1CVD7E7
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